El grupo popular en la Diputación de Granada ha solicitado, a través de una moción elevada al próximo pleno de la Institución Provincial, la firma de un convenio de colaboración entre el presidente del ente provincial, Antonio Martínez Caler, y la Asociación granadina Border-Line.
El diputado del PP, Francisco Javier Maldonado, ha resaltado los beneficios de rubricar este acuerdo, como son la inserción laboral y social de este colectivo en el ámbito social, formativo y laboral, y el intercambio de experiencias y conocimientos de las actividades que llevan a cabo la asociación y la administración pública, encaminado a enriquecer el desarrollo de sus competencias.
Maldonado ha apuntado algunas de las claves del convenio de colaboración propuesto por el grupo popular, en base a las reivindicaciones que desde la Asociación Border-Line se hacen a la Diputación de Granada. En este sentido, se propone que la Institución Provincial se comprometa a la formalización de contratos laborales de fomento del empleo con personas de la asociación hasta que se consiga que el 3 por ciento de la plantilla de personal de la Diputación esté cubierta con personal con algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial.
“La selección de las personas que suscribirán el contrato se hará entre las que figuren en la propuesta que formule la Asociación Border-Line con la indicación de que reúnen los requisitos previstos legalmente, que los comunicará a la Delegación del Área de Personal de la Diputación, y tras la realización de una prueba de carácter objetivo adecuada a las características de las personas que pretendan acceder a la contratación, tras lo que se procederá a la formalización del contrato con los seleccionados”, explicó Francisco Javier Maldonado.
El diputado provincial ha manifestado que el convenio acuerda que los contratos laborales se formalizarán para un periodo de un año a partir de la aprobación del presente convenio de colaboración, que podrán ser prorrogados a la vista de la valoración positiva de la experiencia, respetando los límites temporales que se establecen legalmente para este tipo de contratos.
Por último, los populares proponen que sea la Diputación de Granada, en colaboración con la Asociación Border-Line, la que designe los profesionales que han de realizar el seguimiento personal y laboral de las personas contratadas, así como el análisis de las tareas y habilidades que impliquen la realización del contrato. “Consideramos que este convenio de colaboración debería tener una duración de tres años, contados desde el momento de su firma”, apostilló Francisco Javier Maldonado, quien confió en que el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, respalde con su voto esta petición “donde el grupo popular sólo intenta dar voz a las demandas de una asociación que defiende los intereses de este colectivo tan necesitado y se sirve de su representación institucional para implicar al resto de fuerzas políticas”.
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