ANPE denuncia el caos organizativo y de coordinación entre el Estado y las autonomías que ha conducido a una judicialización de las oferta de Empleo Público Docente.
Los recursos presentados por la abogacía del Estado contra las comunidades autónomas que han sobrepasado el porcentaje señalado para la tasa de reposición de efectivos (Castilla y León, Cataluña y Navarra, y próximamente contra Andalucía, Aragón, Extremadura y Baleares) constituyen un paso más en la serie de actuaciones que han convertido la oferta de empleo público docente del año 2011 en un despropósito para el sistema educativo y un fraude para decenas de miles de opositores.
Ahora vemos cómo el caos organizativo y de coordinación culmina con la judicialización de las convocatorias. Sin embargo, en opinión de ANPE, es precisamente la no convocatoria de oposiciones en algunas comunidades el hecho más grave de todo el proceso. Tanto es así que esperamos también de la abogacía del Estado los recursos pertinentes contra esta otra modalidad de incumplimiento de la legislación.
La situación actual, con una amenaza de restricción de la oferta cuando los aspirantes han pagado ya sus tasas, está propiciada por la descoordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Para ANPE esta indefinición de la oferta - que perjudica gravemente a decenas de miles de opositores y a la planificación de los centros educativos - comienza a resultar intolerable.
Desde el inicio del proceso, ANPE exigió al Ministerio de Educación que, en cumplimiento de las atribuciones que le marca el artículo 2º de la Constitución, armonizara el proceso de oposiciones en todo el Estado, unificara criterios de interpretación legislativa y fomentara la oferta de empleo público entre todas las administraciones autonómicas. Esta falta de liderazgo unida a la insolidaridad de las comunidades autónomas y su falta de visión de Estado han propiciado la disgregación de las convocatorias de empleo, algunas de las cuales se han convertido en campo de pruebas de los ajustes económicos o de las propuestas electoralistas de las administraciones autonómicas.
ANPE siempre ha exigido una amplia oferta de empleo público para aumentar la dotación de recursos humanos como factor esencial de calidad y para transformar el empleo precario en fijo. Este año era además especialmente significativo por concurrir dos condiciones excepcionales: el final de la posibilidad de jubilación anticipada – que ha producido numerosas vacantes – y el último año de aplicación de la disposición transitoria de la LOE que regulaba la situación de los interinos. Era un año en el cual la oferta de empleo hubiera debido ser más generosa que nunca, porque las necesidades así lo requerían.
La Ley de Presupuestos del Estado de 2010, con la creación de medidas para intentar reducir el gasto público, fijó en un máximo del 10% la tasa de reposición del funcionariado, elevándose ésta en un 30% para el colectivo docente, lo que viene a significar que en Andalucía corresponderían 1118 plazas a convocar en las próximas oposiciones al Cuerpo de Maestros. Sin embargo, Andalucía aprobó la oferta más amplia de todo el país, 3.796 plazas, cubriendo así el 100% de las bajas del profesorado, pero asegurando que impondrá restricciones en las oposiciones del resto del funcionariado de su Administración, para que de una manera globlal la tasa de reposición no supere el 10% fijado.
Este recurso siembra la duda en miles de opositores granadinos que, a pesar del caos organizativo y de coordinación entre el Estado y las autonomías, han seguido esforzándose a nivel personal, familiar y económico para llegar lo mejor posible a unas oposiciones totalmente desestabilizadoras.
ANPE se sumará a todas las acciones que sirvan para obligar al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas a reconducir esta situación en aras de la cohesión y vertebración del Estado, para evitar los graves desequilibrios entre comunidades y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes a la docencia.
