La desidia de los gobiernos de Griñán y Zapatero ante la grave crisis que padece el campo y el incumplimiento de los compromisos de ambos con el sector agrario ha colmado la paciencia de los agricultores y ganaderos andaluces hartos de que los dirigentes políticos mantengan los ojos cerrados ante la crisis del campo, por lo que tal como ratificó la asamblea general de ASAJA-Andalucía la pasada semana en Jerez los agricultores y ganaderos andaluces retomarán las movilizaciones para “recordar” a ambos mandatarios sus compromisos y para demandar un apoyo claro para este sector, fundamental para el mantenimiento de la actividad económica y el tejido empresarial en el mundo rural andaluz.
Los actos de protesta se desarrollarán simultáneamente en todas las comarcas agrarias de las ocho provincias andaluzas y si bien, en un primer momento se barajó la posibilidad de que fuera el 10 de marzo la fecha de reinicio de las movilizaciones, finalmente, y tras mantener una ronda de contactos por las distintas comarcas de toda la región el Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía ha decidido trasladar estos actos al 16 de marzo.
Tal como ha manifestado el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “la preocupación y el malestar son las notas dominantes en el día a día de agricultores y ganaderos andaluces, que no saben si mañana van a poder seguir haciendo frente a sus facturas”. El precio del gasóleo se ha incrementado en un 30% en un año, alcanzando a finales de febrero los 0,93 euros por litro, su máximo histórico, las tarifas eléctricas de riego se elevan un 110%, los piensos suben un 40% y mientras las principales producciones agrarias de Andalucía vuelven a venderse a los precios a los que cotizaban hace 20 años, lo que deja en pérdidas a la mayor parte de las explotaciones.
La situación es insostenible. Los agricultores andaluces están entre la espada y la pared, el elevado coste de los insumos –gasóleo, fertilizantes, fitosanitarios, energía eléctrica, piensos...- y el bajo precio de venta de sus producciones ha provocado el cierre de 20.000 explotaciones en los últimos tres años, cada día que pasa abandonan el campo dieciocho agricultores y ganaderos andaluces, y el que se va, no vuelve.
Los compromisos contraídos por Griñán y Zapatero tras las masivas protestas promovidas por ASAJA en 2009 y 2010 siguen sin cumplirse, ambos se han limitado a poner en marcha algunas medidas “cosméticas” de cara a la galería, como la escuela de pastores, en el caso de Griñán, o los planes de promoción al consumo de algunos productos, en el caso de Zapatero, pero las medidas de mayor calado han quedado relegadas al fondo del cajón.
Entre estos compromisos de mayor calado que permitirían el mantenimiento de la actividad agraria está la implantación definitiva del gasóleo profesional, que estaba previsto que entrará en vigor en 2009; el abaratamiento de las tarifas eléctricas al regadío, promesa de Zapatero tras la reunión con las OPAs en diciembre de 2009, el incremento del IVA repercutido de los ganaderos para equipararlo al de los agricultores, la elaboración de planes de apoyo para sectores en pérdidas (aceite de oliva, aceituna de mesa y ganadería) y la aprobación de una legislación que evite el abuso de la posición dominante de la industria alimentaria y los distribuidores, entre otras.
De máxima preocupación para los agricultores y ganaderos andaluces es también la reforma de la PAC, pues son las ayudas de la PAC las que están permitiendo hoy en día la supervivencia de miles de explotaciones que aún siguen en la brecha, puesto que más del 40% de los ingresos de los agricultores y ganaderos andaluces proviene de estas ayudas que en este momento se debaten en Bruselas.
El campo andaluz se juega su futuro, pues debido a las especificidades de nuestra agricultura y a su variedad de cultivos Andalucía es la región que más ayudas recibe, por lo que tal como indica Ricardo Serra “si no somos beligerantes y logramos que la Comisión Europea establezca criterios de diferenciación claros, nuestra región puede perder casi 1.000 millones anuales”. En este asunto, el Gobierno de España y el Ejecutivo andaluz deben defender un posicionamiento firme que tenga en cuenta la diversidad y riqueza productiva existente en España y en Andalucía. Ni la economía, ni el campo andaluz pueden permitirse el lujo de prescindir del 50% de las ayudas de la PAC que ahora recibe Andalucía, puesto que supondría dar la puntilla definitiva al sector agrario.
Mientras los gobiernos de España y Andalucía incumplen sus compromisos con el campo, sus presidentes se jactan de impulsar nuevos acuerdos con terceros países. En estos acuerdos la agricultura constituye siempre la moneda de cambio. Así, el Gobierno de España ya ha dado su visto bueno a la renovación del Acuerdo de Asociación con Marruecos (que aún debe ratificar el Parlamento Europeo) y ha sido el propio Zapatero quien durante la Presidencia Española de la UE, en el primer semestre de 2010, relanzó las negociaciones con Mercosur, sin tener en cuenta que las producciones de estos países suponen una competencia desleal con las de los agricultores andaluces, que están sujetos a unas condiciones sociales y medioambientales mucho más estrictas. ASAJA-Andalucía se opone a que se siga utilizando la agricultura como moneda de cambio y ha exigido que se frene la negociación del nuevo acuerdo con Marruecos mientras siga incumpliéndose el actual, y asimismo ha pedido que en las negociaciones con Mercosur o con cualquier otro bloque de países se estudie primero el impacto sobre el sector agrario y se exija a las producciones de estos países los mismos requisitos que se nos exigen a los europeos.
