El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº.- 4 de Granada ha dictado Sentencia en el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales interpuesto por D. Gregorio Marañón Lizana, Secretario del Ayuntamiento de Otura, anulando las Resoluciones del Alcalde de 7 y 12 de Abril, por las que se le asignaban al Secretario, de forma forzosa, vacaciones anuales y siete días de libre disposición que no había solicitado, a fin de impedir que Marañón no ejerciera sus funciones en Otura como Secretario de la Junta Electoral de Zona.
El Juez considera que “tienen plena verosimilitud las acusaciones del Secretario sobre acoso, persecución, degradación y humillación como represalias por las denuncias formuladas” contra el Alcalde Fernández Sanz.
La Sentencia considera que “las razones del servicio” invocadas por la Administración demandada son un concepto jurídico indeterminado” que requieren “una motivación expresa para justificar la concesión de las vacaciones al Secretario durante un periodo de tiempo distinto al reglamentariamente establecido con carácter preferente” y que las actuaciones del Alcalde pretendían “apartar al Secretario municipal de su participación en el proceso electoral” resultando “claro que, con las resoluciones impugnadas, al actor se le ha vulnerado su derecho a participar en sus funciones públicas en los términos previstos en el art. 23.2 de la Constitución”.
Por último la Sentencia, que es apelable, condena en costas al Ayuntamiento de Otura, “dado que se aprecia temeridad en la actuación administrativa impugnada, toda vez que hay un claro animus nocendi con respeto al Secretario, al que pretende perjudicársele de una manera clara despojándolo de las funciones que la ley le confiere”.
La Junta de Gobierno de COSITAL Granada ha tomado conocimiento oficial de esta Sentencia en su sesión de 14 de Septiembre de 2011. La Junta considera que el camino emprendido por el Alcalde de Otura, desautorizado en pocos meses por dos veces en sendas Sentencias del Juzgado de lo Contencioso, es gravemente perjudicial para el interés público, y hace un llamamiento al respeto legalmente consagrado, de la independencia, objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos y más en concreto del Secretario del Ayuntamiento.
