Hoy se reúnen en Washington los Ministros de Finanzas del G-7 y los Gobernadores de los Bancos Centrales, con el propósito de adoptar medidas que permitan estabilizar los mercados financieros e intentar evitar una recesión mundial. Con ocasión de este encuentro, los Secretarios Generales de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el TUAC (Comité Consultivo Sindical ante la OCDE) han decidido hacer pública una carta abierta de la que destacamos sus aspectos más relevantes.
La carta acusa al G-7 y a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de haber promovido en los últimos años una “nueva arquitectura financiera” basada en la falta de reglamentación y en productos complejos vinculados a créditos dudosos, que ha contaminado el sistema financiero internacional, trascendiendo del mero sector bancario. De esta forma, una crisis que podría haberse limitado al mercado estadounidense, se ha transformado en una crisis de escala planetaria, tanto económica como social.
La intervención en los últimos días de los bancos centrales y de los gobiernos, con el fin de restablecer la confianza y estabilizar los mercados de crédito, se ha considerado positiva. Precisamente porque partes significativas del sistema financiero han sido ayudadas con dinero del contribuyente, se insiste en que los gobiernos se comporten con accionistas activos para proteger el interés público. Sin embargo, estas medidas en sí mismas no permitirán restablecer la confianza pública en la gobernanza económica o impedir una recesión mundial.
El caos financiero reinante comienza a hacerse sentir en la economía real, experimentándose ya pérdidas significativas de empleo en diferentes países. Ante esta situación, los Ministros de Finanzas del G-7 y los Gobernadores de los Bancos Centrales deben poner en práctica un plan de relanzamiento de la economía real que incluya la inversión en infraestructuras, energías renovables y eficiencia energética. Asimismo, deben adoptarse decisiones en el marco de la fiscalidad directa y del gasto que garanticen el poder adquisitivo de los asalariados con ingresos medios y bajos.
Más allá de la gestión de la crisis actual, los gobiernos del G-7 deben trabajar desde este mismo momento para impedir ésta pueda volver a producirse. Es necesario construir una nueva arquitectura reglamentaria que no sólo cubra al sector bancario sino a todo el sector financiero: hedge funds, fondos private equity y la totalidad de la banca de inversión. El endeudamiento excesivo deberá someterse a una reglamentación anticíclica aplicable a todas las instituciones financieras, deberá prevalecer la transparencia y el “principio de precaución”, impidiendo los productos financieros más peligrosos. La remuneración de los directivos deberá limitarse, eliminando sistemas que incentiven la pura especulación y guardando una proporción razonable en relación con los asalariados. En suma, es imprescindible la creación de una nueva arquitectura reglamentaria que garantice que el sistema financiero esté al servicio de la economía real.
La cooperación internacional debe acometerse a todos los niveles: G-7, G-8, Unión Europea, OCDE, IFI que permitan una respuesta de auténtica dimensión mundial. Debería convocarse con urgencia una reunión del G-8 en la que los representantes de los trabajadores tengan cabida. Las reuniones a puerta cerrada de financieros y representantes gubernamentales generan en la actualidad una confianza muy limitada. Las organizaciones sindicales internacionales están dispuestas a asumir su responsabilidad en el momento actual.
