Decía McLuhan que la televisión es el notario de la realidad. Así, si un rayo cae sobre un árbol de un bosque y este hecho no sale en los medios de comunicación ¿ha ocurrido realmente?.
El alcalde de Granada, del Partido Popular, pretende construir un parking privado en los bajos del único Colegio Público del barrio de “El Realejo”, condenando de esta manera al alumnado a la dispersión por el resto de centros del barrio, que son concertados o religiosos, durante todo el tiempo que duren las obras.
Tanto el Consejo Escolar, como la Asociación de padres y madres de alumnos del “Colegio Público de Infantil y Primaria José Hurtado”, se han opuesto frontalmente a dicho proyecto.
Incluso la Junta de Andalucía, a través de su delegada de educación, Ana Gámez, ha expresado su desautorización a dicha intervención. Pero el alcalde popular continúa con la iniciativa y culpa a la Junta de “obstaculizar los intentos municipales de mejorar las infraestructuras de la ciudad”.
No entraré aquí a valorar por qué se ha elegido precisamente ese solar y no otro, ni los problemas de seguridad e insalubridad que ocasionarían al alumnado tener bajo sus aulas un parking, ni las implicaciones que pueda conllevar al alumnado el desarraigo de su centro durante un tiempo indeterminado…
El objeto de esta carta es incidir en la defensa de lo público. Quiero expresar públicamente mi indignación, como ciudadana, ante el atropello de derechos fundamentales a que parte de nuestra clase política, también la local de provincias, nos viene sometiendo. Efectivamente, aunque no salga en los medios de comunicación nacionales, el P.P. no sólo hace política contra lo público en la Sanidad de Madrid o en la Educación en Valencia…
Quede para la reflexión la siguiente “perla” de José Torres Hurtado, alcalde de Granada, en declaraciones a un periódico local, refiriéndose a este tema: “No creo que llevar a los escolares a colegios concertados, aunque sean religiosos, tenga que representar un problema para los padres”.
¿Dónde queda la garantía del derecho a una educación pública, y por tanto aconfesional en nuestro país?”
Olga Hernández Martínez.
Deltebre
